Las empresas, en la realización de negocios y en la celebración de contratos, se ven abocadas a diversos riesgos financieros y no financieros.

Dos de los no financieros más relevantes, en el contexto global de las transacciones de hoy, son el de lavado de dinero y el de corrupción.

Para cada uno de estos flagelos, diferentes organismos internacionales han propuesto normas y mecanismos para mitigar sus efectos en la sociedad en general y en los negocios privados. A su turno, los países han implementado dichas medidas a través de las normas locales y con el concurso de las políticas públicas para luchar contra estas actividades delictivas.

Tanto en los estándares internacionales como en las normas locales, se ha dispuesto que las empresas adopten sistemas de gestión de riesgo y designen funcionarios responsables para tal labor. Además, se establece que los órganos de control deben coadyuvar con el mismo propósito de mitigar el impacto adverso de tales riesgos.

En Colombia, recientemente la Superintendencia de Sociedades actualizó el SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva) y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE). Incluso, estableció, funciones específicas para los órganos de control y por parte del revisor fiscal.

Este programa revisa el concepto del compliance; destaca los principales sistemas de gestión de riesgos; diferencia el marco legal para la gestión de riesgos de LA/FT/FPADM y la corrupción y el soborno transnacional a través del PTEE; presenta las características y obligaciones legales del revisor fiscal en Colombia; y compara las diferentes metodologías para la realización de pruebas de auditoría y análisis de evidencias.