En la actualidad, la sociedad ha llegado a desarrollar un nivel de complejidad tal, que al Estado se le dificulta cada vez más regular todos los espacios y los riesgos que en éstos generan. Asimismo, debido a la expansión creciente y progresiva de la tecnología en el mundo contemporáneo globalizado, han surgido nuevas modalidades de criminalidad con un altísimo impacto tanto a nivel local como transnacional, las cuales eran impensables para el derecho penal clásico. Esta nueva realidad criminógena, le exige al derecho penal que replantee conceptos básicos para darle cabida a la creciente ciberdelincuencia.

Los ciberdelitos se realizan en un nuevo ámbito o espacio con características muy distintas a las del espacio físico en el que se lleva a cabo la delincuencia tradicional. Así, la disyuntiva espacio físico y ciberespacio será determinante para delimitar el contexto de su ocurrencia, sin que se puedan limitar los ciberdelitos a los descritos en el Título VII Bis del Código Penal (De la protección de la información y de los datos) –para el caso colombiano-. También se pueden lesionar o poner en peligro bienes jurídicos como el patrimonio económico, la fe pública, la intimidad personal, la libertad, integridad y formación sexuales, el honor, los derechos morales y patrimoniales de autor, entre otros, siempre y cuando exista una relación modal concreta, delimitada por el ciberespacio.

En definitiva, teniendo en cuenta la realidad social y cultural actual colombiana e internacional, la transformación del rol y el tipo de responsabilidad penal en espacios diferentes al físico, surge la necesidad político-criminal de desarrollar una respuesta por parte del derecho penal y las instituciones encargadas de administrar el castigo, que haga frente a las novedosas dinámicas ciber-criminógenas.