La Economía Solidaria entendida como un medio para mejorar la calidad de vida de las personas que lo practican y de sus familiares, debe comprenderse también como un factor económico, social y ambiental en el cual se desarrolla.
La economía solidaria debe orientarse hacia la promoción de las personas y así poder lograr:
 

• Su participación integral y efectiva en la marcha y en el desarrollo integral de la organización.

• Su compromiso con la integración del sector solidario, para el análisis de tendencias tanto a nivel nacional como internacional.

Bajo esta premisa, los asociados, a través de los órganos de administración y comités especiales, deben ser protagonistas activos en el desarrollo integral de las organizaciones. Esto implica participar con consciencia y convicción en la consecución de los objetivos estratégicos de la organización.

Además, la protección, promoción y fortalecimiento de las organizaciones de economía solidaria, así como la salvaguarda de los recursos de captación de sus asociados, son objetivos constitucionales y legales del Gobierno Nacional. Estos propósitos requieren la identificación y promoción de estándares sólidos de gobernabilidad, eficiencia económica y social, crecimiento sostenible y estabilidad financiera.
 
Que, dentro de dichos estándares, en el ámbito internacional, se ha destacado la importancia de que las entidades prestadoras de servicios de ahorro y crédito implementen esquemas de buen gobierno que abarquen las relaciones entre los asociados, el consejo de administración o quien haga sus veces, la gerencia y/o el representante legal, y otras partes interesadas.