A pesar de los avances significativos hacia la igualdad de género, innumerables personas en todo el mundo aún sufren los efectos materiales, físicos, emocionales y psicológicos del abuso y los prejuicios. Desde la violencia doméstica y el acoso sexual hasta los estereotipos basados en el género y la discriminación en el lugar de trabajo, en el espacio privado y público, estos problemas continúan impregnando las sociedades, segregando poblaciones, y reproduciendo la desigualdad. Estas problemáticas requieren esfuerzos institucionales desde diferentes ámbitos y actores empresariales, laborales, educativos, y sociales para reducir las múltiples desigualdades que reproducen las violencias y discriminaciones hacia las personas y grupos históricamente excluidos y con un acceso limitado a derechos y oportunidades.

En el país, cada vez más se encuentra un interés por lograr mejores y mayores oportunidades para las poblaciones históricamente excluidas y vulneradas. Estos logros, se deben en gran medida a los avances normativos en términos internacionales y nacionales que propenden un acceso a los derechos humanos de manera efectiva. En este sentido, la equidad de género en el acceso a bienes y servicios se ha consolidado en muchas áreas como la salud, la educación, la vivienda, la empleabilidad como un factor esencial para tener sociedades más equitativas y justas. La progresiva visibilización e incidencia de las luchas de las mujeres y de grupos diferenciales como poblaciones indígenas, afrodescendientes, gitanas, con discapacidad, rurales y campesinas, entre otras, ha sido un logro para resaltar y celebrar, y a su vez, ha evidenciado barreras de acceso, brechas, violencias, desigualdades y estereotipos que persisten en las cotidianidades.

La ruta hacia la equidad de género y la inclusión de diversas poblaciones también se ve materializada en los sistemas sociales y culturales. Desde el acceso y culminación de la educación primaria, secundaria y universitaria, la obtención de empleo, o la garantía de tener espacios libres de violencia y discriminación en lugares públicos, laborales, comunitarios, etc. Así mismo, cada vez más empresas han propiciado temas de inclusión y diversidad ampliando su espectro de contratación a las poblaciones diversas y promoviendo acciones afirmativas. Por otro lado, la consecución de objetivos sociales de bienestar en diferentes programas, proyectos y políticas del sector público y de las organizaciones no gubernamentales se han contemplado desde los enfoques de género y diferenciales la incorporación de estos no solo en sus valores institucionales, sino de forma integral, con una fuerte demanda de herramientas técnicas y conceptuales para la implementación de estos enfoques en los ámbitos de la producción de la cadena de valor pública y el acceso a

bienes, servicios y oportunidades de manera diferenciada. Esto logra que cada vez más sea consiente la necesidad por aprender, profundizar y mirar de manera crítica las intervenciones sociales analizando múltiples factores diferenciales como la edad, el género, la raza/etnicidad, las orientaciones sexuales, entre otros.