A partir de los paradigmas institucionales establecidos en la Constitución Política de 1991, derivados del concepto de estado social de Derecho, se trazaron los elementos para concebir una función administrativa al servicio de las personas, en el reconocimiento de su dignidad y de sus derechos fundamentales, permitiéndose la participación ciudadana y fortaleciéndose la capacidad institucional de los organismos y entidades administrativos. A ello se agrega que con el nuevo orden constitucional se intensificó el intervencionismo de Estado en las más disímiles actividades económicas y, por tanto, el incremento de las funciones de inspección, control y vigilancia.

En el antiguo Código Contencioso Administrativo (D. 01/1984) –CCA-, norma expedida en vigencia de la Constitución Política de 1886, la única mención al procedimiento sancionatorio estaba prevista en el artículo 38, relativo a la caducidad de la potestad sancionatoria de la Administración.

Lo anterior significaba que para la expedición de los actos administrativos sancionatorios no era claro el procedimiento aplicable, lo que traía como consecuencia inseguridad jurídica, por un lado, así como ineficacia administrativa, por el otro. Lo primero porque ante la ausencia en el CCA de un procedimiento sancionatorio, dicho vacío era llenado frecuentemente por actos administrativos (decretos reglamentarios, resoluciones, circulares) que eran objeto de constantes modificaciones al capricho de los funcionarios de turno; lo segundo, en la medida en que el procedimiento para resolver un derecho de petición o expedir una autorización era el mismo que se utilizaba para imponer una sanción, cuando el contenido de una y otra actividad administrativa resultaba materialmente distinto y se encontraba sometido a principios y finalidades también diferentes.

Ante tal contexto, muy pronto resultó necesaria la expedición de normas Jurídicas sectoriales y de carácter especial (el ejemplo más preciso, en su momento, fue el régimen sancionatorio para las entidades sometidas a la vigilancia de la Superfinanciera previsto en el artículo 45 de la Ley 795 de 2003), orientadas a llenar los inmensos vacíos que registraba el antiguo CCA. Soluciones como la comentada generaron dispersión normativa y, además, no impidieron que se siguiera presentando la nociva práctica de que decretos reglamentarios o actos administrativos de carácter general (circulares e incluso resoluciones) establecieran “procedimientos administrativos sancionatorios”, aspecto que transgrede una de las garantías esenciales del debido proceso como es el principio de reserva de ley en materia de procedimiento (CP, Art. 29 y 150-1, 2 y 8).

En este contexto se expide la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, que tiene por finalidad ajustar las actuaciones administrativas a los postulados de la Constitución Política de 1991, reemplazando de esta manera el antiguo CCA.

El nuevo CPACA hace especial énfasis en la protección y garantía de los derechos de las personas con un anclaje directo en los postulados constitucionales para que la Administración los proteja directamente en sede administrativa. Y en punto del procedimiento administrativo sancionatorio –PAS- se concreta, regula y organiza la materia, por primera vez y de manera general, con la pretensión de solucionar la problemática jurídica expuesta en precedencia y llenar el vacío normativo existente.

Con posterioridad a la expedición del CPACA, el Estado ha profundizado y tecnificado su aparato represor (amplias y nuevas funciones de inspección, control y vigilancia, así como el establecimiento de infracciones cada vez más elaboradas), a lo que se suma la actualización e incremento sustancial del monto de las sanciones pecuniarias que puede imponer.

Así las cosas, es posible sostener la existencia del derecho administrativo sancionatorio como una especialidad sujeta a principios y reglas propias que bajo la observancia del principio de juridicidad que rige un Estado Social de Derecho (CP, Art. 1, 4, 6 121 y 122) y del derecho constitucional fundamental al debido proceso (CP, Art. 29), entre otros, sirve de medio para el ejercicio legítimo de la potestad sancionatoria estatal y permite la defensa y contradicción, también legítima, de las personas investigadas y sancionadas.

Por tanto, el curso se enmarca en un espacio amplio de reflexión sobre la noción, características, fines, alcances, contenido y aplicación práctica del derecho administrativo sancionatorio, en sus aspectos sustanciales y procesales, dirigido a todos los interesados en la materia.

Por último se analizará de manera detallada la reforma que introdujo la Ley 2080 de 2021 sobre procedimiento administrativo sancionatorio fiscal.