Curso
Minería en Colombia: Regulación, oportunidades y perspectivas
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EDUCACIÓN
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El futuro y viabilidad del sector minero depende de una política pública enmarcada en el interés general y el beneficio colectivo y de una transición gradual y consensuada que se ajuste a la gestión del cambio climático, la sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria y los derechos humanos. Los retos de una minería responsable con el futuro del país son enormes y complejos, pero ese es el único camino posible para avanzar en una transición pacífica, alineada a los grandes propósitos ambientales, sociales y económicos de la Nación, que permitan superar el modelo extractivista, y que se sintonice con la cambiante dinámica internacional del sector minero.
El sector minero colombiano fue por décadas una actividad aislada de las grandes discusiones de la sociedad y, excepto por su generación de regalías, impuestos y exportaciones, se ignoró su aporte al desarrollo de la economía, contando incluso con estímulos tributarios por la explotación y exportación de bienes primarios y reconociendo al Estado una contraprestación (regalías) que ya no refleja el valor de los minerales estratégicos que tienden a la escases en el mediano plazo y que con urgencia buscan los países desarrollados. Fruto de cuestionables decisiones de política pública, el sector anduvo por años entre el extractivismo puro y el rentismo. La minería se evalúa por su aporte al Producto Interno Bruto y a las exportaciones, como fuente de ingresos públicos y un nivel de empleo apenas consistente con la extracción y exportación de bienes primarios. La Carta Política sólo aparece en la regulación minera para blindar los derechos a la propiedad, la seguridad jurídica de las empresas, la autonomía empresarial y la libre competencia.
Mientras las naciones que conocemos como desarrolladas, utilizaron sus minerales para generar bienes con valor agregado y servicios que permitieron el rápido avance de sus economías, nuestro país tomó el camino opuesto, concesionando la riqueza del subsuelo para obtener rentas fáciles, promoviendo la exportación de bienes primarios, reprimarizando la economía y haciéndola dependiente de los ciclos internacionales de la demanda y de los precios.
La minería responsable con el futuro del país superará con creces lo alcanzado en décadas de extractivismo y le permitiría al Estado, con una política minera autónoma y soberana, planear el presente y futuro de sus minerales estratégicos, impulsar la descarbonización de la economía, y generar valor agregado mediante cadenas productivas que aporten empleo, bienestar e ingresos para financiar el gasto social y reducir los altos niveles de desigualdad.
El futuro y viabilidad del sector minero depende de una política pública enmarcada en el interés general y el beneficio colectivo y de una transición gradual y consensuada que se ajuste a la gestión del cambio climático, la sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria y los derechos humanos. Los retos de una minería responsable con el futuro del país son enormes y complejos, pero ese es el único camino posible para avanzar en una transición pacífica, alineada a los grandes propósitos ambientales, sociales y económicos de la Nación, que permitan superar el modelo extractivista, y que se sintonice con la cambiante dinámica internacional del sector minero.
El sector minero colombiano fue por décadas una actividad aislada de las grandes discusiones de la sociedad y, excepto por su generación de regalías, impuestos y exportaciones, se ignoró su aporte al desarrollo de la economía, contando incluso con estímulos tributarios por la explotación y exportación de bienes primarios y reconociendo al Estado una contraprestación (regalías) que ya no refleja el valor de los minerales estratégicos que tienden a la escases en el mediano plazo y que con urgencia buscan los países desarrollados. Fruto de cuestionables decisiones de política pública, el sector anduvo por años entre el extractivismo puro y el rentismo. La minería se evalúa por su aporte al Producto Interno Bruto y a las exportaciones, como fuente de ingresos públicos y un nivel de empleo apenas consistente con la extracción y exportación de bienes primarios. La Carta Política sólo aparece en la regulación minera para blindar los derechos a la propiedad, la seguridad jurídica de las empresas, la autonomía empresarial y la libre competencia.
Mientras las naciones que conocemos como desarrolladas, utilizaron sus minerales para generar bienes con valor agregado y servicios que permitieron el rápido avance de sus economías, nuestro país tomó el camino opuesto, concesionando la riqueza del subsuelo para obtener rentas fáciles, promoviendo la exportación de bienes primarios, reprimarizando la economía y haciéndola dependiente de los ciclos internacionales de la demanda y de los precios.
La minería responsable con el futuro del país superará con creces lo alcanzado en décadas de extractivismo y le permitiría al Estado, con una política minera autónoma y soberana, planear el presente y futuro de sus minerales estratégicos, impulsar la descarbonización de la economía, y generar valor agregado mediante cadenas productivas que aporten empleo, bienestar e ingresos para financiar el gasto social y reducir los altos niveles de desigualdad.
La suerte del sector minero colombiano está atravesada por hechos sin antecedentes en la historia de la humanidad, como el cambio climático, las cada vez mayores presiones sociales por cuidar el agua y preservar los ecosistemas, la defensa de los derechos humanos y la batalla de las potencias económicas tradicionales y las emergentes por los minerales estratégicos, base y fuente de su hegemonía mundial. Esta coyuntura es excepcional y representa una gran oportunidad por revaluar el modelo extractivista y avanzar a un modelo de minería responsable con el futuro del país, con la economía, el ambiente y la sociedad; esta es la gran oportunidad para que profesionales, con una visión integral, una mirada desde el interés general y a la minería desde la utilidad pública, puedan contribuir a la construcción de un nuevo país.
Objetivos
Formar profesionales con una visión integral y transformadora del sector minero capaces de contribuir a la construcción de una minería responsable con el futuro del país, que aporte entre otros a los objetivos la reindustrialización de la economía, transición energética, y desarrollo agrícola, en el marco de la gestión del cambio climático, la preservación de los ecosistemas, la garantía de los derechos humanos y la reducción de la inequidad social.
1. Conocer la historia de la regulación minera en el país en transversalidad con el modelo económico y el contexto social en el que se desarrolló.
2. Actualizar los conocimientos del marco legal que rige al país en materia minera.
3. Formar en conceptos técnicos básicos relacionados a la actividad minera.
4. Conocer los aspectos económicos y tributarios relacionados con actividad minera.
5. Profundizar sobre las dimensiones conexas de la minería, especialmente, los aspectos relacionados con el cambio climático, los ecosistemas, el rol de las comunidades, el ordenamiento territorial, y los derechos humanos.
6. Explorar los escenarios de conflictividad socioambiental que existen en el país en torno al asunto minero.
7. Formar profesionales con visión estratégica y transformadora del sector minero.
Dirigido a
Profesionales del sector minero y energético como Ingenieros de minas, geólogos, ingenieros ambientales, energéticos o químicos o Técnicos y tecnólogos que buscan fortalecer su conocimiento en sostenibilidad y política minera. Funcionarios públicos y tomadores de decisión (Servidores de ministerios y agencias del Estado -MinMinas, ANM, ANLA, MinAmbiente- Autoridades territoriales responsables de licencias, ordenamiento territorial o gestión ambiental); consultores y asesores en sostenibilidad y políticas públicas; representantes de organizaciones sociales y comunitarias y Académicos y estudiantes avanzados
• Analizar el modelo extractivista colombiano y su impacto en el desarrollo económico, ambiental y social, con el fin de reconocer las condiciones que justifican una transición hacia una minería responsable.
• Examinar el marco normativo, institucional y de política pública que regula la actividad minera, valorando su coherencia con los principios de sostenibilidad, derechos humanos e interés general.
• Diseñar propuestas de acción orientadas a la gestión de minerales estratégicos, que contribuyan a la reindustrialización, la transición energética y la seguridad alimentaria, desde una perspectiva de soberanía y beneficio colectivo.
• Evaluar experiencias y tendencias internacionales en torno a la minería y la transformación de minerales, con el propósito de identificar aprendizajes aplicables al contexto colombiano.
• Integrar criterios económicos, sociales, ambientales y éticos en la formulación de políticas y proyectos mineros, que permitan al país superar la dependencia del extractivismo y proyectar un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible.
• Comprender el rol de los sistemas de información geográfica en la formulación de proyectos mineros y su análisis técnico.
Metodología
El diplomado se desarrolla complementando la enseñanza de clases presenciales y/o virtuales con el planteamiento, análisis y discusión de casos prácticos y el desarrollo algunos ejercicios de entendimiento y desarrollo.
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Sesiones Lectivas: Impartidas por profesionales en activo con amplia trayectoria profesional, que conjugan los conocimientos teóricos con una amplia experiencia profesional, transmitiendo al alumno no sólo el conocimiento teórico, sino también sus propias experiencias reales.
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Casos Prácticos: Durante el diplomado se desarrollan casos prácticos que reflejan experiencias reales. Los casos prácticos se desarrollarán con temas de actualidad evocando la necesidad e inquietud por parte del participante.
Contenidos académicos
Modulo 1. Historia de la minería a través de la regulación. (20 horas)
• Minería precolombina, ordenanzas españolas y legislación colonial.
• Contingentes europeos sobre oro, plata y platino, nuevas tecnologías, y despegue de la actividad en Marmato (Caldas), Buriticá y Segovia (Antioquia).
• Regulación minera en la República. De la Ley 20 de 1820 a las normas de los Estados Federados (Panamá, Cauca y Antioquia)
• Del Código de Minas de Antioquia a la Constitución Política de 1886.
• Ley 60 de 1967. Minas y petróleos son declarados de utilidad pública e interés nacional.
• Ley 20 de 1969. Un hito histórico que transformó el sector minero.
• Decreto 2655 de 1988. Primer código de minas.
• Ley 685 de 2001. Consenso de Washington, Constitucional Nacional de 1991 y actual modelo minero vigente.
Modulo 2. Marco constitucional y legal del sector minero colombiano (40 horas)
• Constitución Nacional de 1991 y Ley 685 de 2001. Bases del modelo minero actual.
• Primero en el tiempo, primero en el derecho. Procedimiento para la solicitud y asignación de títulos mineros.
• Características de los títulos mineros. 30 años con posibilidad de prórroga, control y seguimiento, autonomía empresarial, contraprestaciones económicas, causales de caducidad, minería y derechos étnicos, desaparición de las escalas mineras, programas de legalización, obligaciones ambientales.
• Consecuencias sociales, ambientales y económicas del modelo extractivista.
• Conflictividad socioambiental y minería en Colombia.
Modulo 3. Nueva visión de la minería. (50 horas)
• Minería y derechos constitucionales. Derecho a la participación ciudadana, centralismo y autonomía territorial, derechos de las comunidades étnicas y campesinas. Desarrollo de estos derechos a través del creciente litigio nacionales e internacional y sentencias de las Altas Cortes y Cortes Internacionales.
• Una política minera basada en el interés general, la utilidad pública, su aporte al desarrollo económico, el bienestar social, y en general con el futuro del país.
• Minería, cambio climático, derecho al agua, la preservación de los ecosistemas, reservas ambientales temporales y zonas y áreas de protección para la protección de alimentos.
• Batalla global por los minerales estratégicos, hegemonía mundial, potencias emergentes y el papel de Colombia en ese nuevo escenario mundial.
Módulo 4. Sistemas de información geográfica (SIG) y minería (10 horas)
• Monitoreo a solicitudes y áreas estratégicas en sistemas de información geográfica
• Títulos vigentes y títulos clausurados identificación en bases de datos geográficas.
• Superposición de solicitudes, títulos mineros, áreas estratégicas con el ordenamiento territorial municipal.
• Superposiciones de solicitudes, títulos mineros, áreas estratégicas con determinantes de ordenamiento territorial ambiental, agrario y otros.
Conferencistas
no aplica
Iván Montenegro Sierra: Abogado, Magister en Biociencias y Derecho. Ex asesor del Ministerio de Minas y Energía y la presidencia de la Agencia Nacional de Minería. Experto en asuntos jurídicos minero-energéticos y ambientales.
Luis Álvaro Pardo Becerra. Economista con especializaciones orientadas al Derecho Minero-Energético y Constitucional, investigador académico de temas tributarios, ambientales, transición energética y sociales, profesor universitario, columnista de revistas nacionales, y experto en diseño de políticas públicas. Coautor de la serie Minería en Colombia publicado por la Contraloría General de la República y otras publicaciones sobre fracking y Transición Energética. Expresidente encargado de Carbocol, exdirector técnico de Minas del Ministerio de Minas y Energía y expresidente de la Agencia Nacional de Minería (sept 2022 – mayo 2025)
Ivonne del Pilar Jiménez García. Abogada de la Universidad Santo Tomás, con magister en Derecho Público de la Universidad de los Andes. Estudios de postgrado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Universidad Externado de Colombia, en Derecho Administrativo en la Université Paris II –Panthéon Assas- (París - Francia) y en Gestión Pública e Instituciones Administrativas en la Universidad de los Andes. Experiencia docente como investigadora de en Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Ejerció como Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y Vicepresidenta de Contratación en la Agencia Nacional de Minería, Directora de Estudios Sectoriales de Minas y Energía en la Contraloría General de la República y Subdirectora de Contratación y Titulación en INGEOMINAS.
Elías Pinto Martínez. Profesional y docente con amplio sentido práctico sobre el Desarrollo Sostenible, con experiencia en soporte técnico para la incorporación de la gestión ambiental en el sector minero energético, en la reglamentación ambiental, la promoción de la “Prevención” ambiental a través de la “Producción Más Limpia”, Sistemas de Gestión Ambiental, Auditoría Ambiental, Gestión del Cumplimiento, Ecoetiquetado, Convenios de Producción Más Limpia, Guías Ambientales, Reconocimiento a la Excelencia Ambiental, Mejoramiento Continuo, Proyectos Piloto de Transferencia Tecnológica, Evaluación y Seguimiento Ambiental a proyectos sectoriales (Minería, Hidrocarburos, Eléctricos, Viales), gestión de prevención de contaminación por mercurio, delegado por Colombia en la negociación internacional de un Instrumento Jurídicamente Vinculante de Mercurio a nivel mundial.
Luz Constanza Fierro Enciso. Ingeniera de Minas con Especialización en Derecho Minero Energético y experiencia en evaluación técnica y financiera de proyectos; análisis técnico-jurídico de interventorías administrativas y financieras; planeación, desarrollo, seguimiento y control de proyectos minero energéticos; análisis de reglamentación de normatividad minera; gestión minero ambiental de proyectos mineros; e implementación de Sistemas de Gestión de Calidad. Auditora certificada por la Universidad Externado de Colombia. Ejerció como subdirectora de Planeación Minera de la Unidad de Planeación Minero Energética y Asesora de la Comisión Nacional de Regalías y del Ministerio de Minas y Energía.
Juanita Hoffman. Abogada y docente experta en temas de ordenamiento territorial, determinantes ambientales, centralidad, participación ciudadana, reconocimiento de la heterogeneidad cultural y territorial, derechos étnicos y campesinos, y tensiones políticas, sociales y ecológicas asociadas al sector minero-energético.
Natalia Orduz. Abogada de la Universidad de los Andes con maestría en conservación y uso de la biodiversidad de la universidad Javeriana. Investigadora de Dejusticia, la Universidad Nacional e Indepaz, y coordinadora de proyectos socioambientales de la Fundación Böll. Ha acompañado diversas organizaciones indígenas en la defensa de sus derechos colectivos, con amplio conocimiento de temas relacionados con la protección ambiental, derechos humanos, política minero-energética, cambio climático, mecanismos del carbono-neutralidad de las Naciones Unidas, transición energética y socio-ecológica justa. Autora y coordinadora de diversas publicaciones sobre estos temas.
Elías Helo Molina Ecólogo graduado de la Universidad Javeriana con experiencia en recopilación, sistematización y análisis de información cartográfica y territorial. Con énfasis en el manejo de información espacial, mapeo participativo e interpretación de atributos del paisaje para apoyar la toma de decisiones desde las comunidades. Especialista en Sistemas de Información Geográfica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en convenio con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Experiencia en manejo de software especializados en análisis espacial y percepción remota. Amplio conocimiento en manejo de bases de datos geográficas, fotointerpretación y manejo de datos vectoriales y ráster.
Johana Herrera Arango Pregrado en Ecología de la Pontificia Universidad Javeriana y Maestría en Estudios Culturales de la misma universidad. Profesora Investigadora de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana. Directora del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (OTEC) de la misma universidad.
Experiencia en investigación de sistemas socio-ecológicos, sistemas de tenencia de la tierra, pesca artesanal en el Caribe y el Mediterráneo así como en sostenibilidad ecológica y cultural. Experiencia en proyectos de titulación colectiva, ordenamiento y SIG participativos. Experiencia en diálogos interculturales con comunidades rurales y organizaciones étnico-territoriales para la gestión y planificación de recursos naturales de manejo colectivo.
Joaquín Antonio Garzón Vargas Director del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana de Bogotá. Doctor en Derecho de la Universidad de los Andes. Abogado de la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio desde donde ha liderado litigios en casos de comunidades reclamantes de derechos territoriales vinculados a las tensiones socio ambientales asociadas con el sector minero en los departamentos de Tolima, Cesar y Caquetá.
La Pontificia Universidad Javeriana otorgará certificado de asistencia a quienes hayan cumplido con el 80% de la asistencia a las sesiones programadas y a las actividades autónomas.
4% por pronto pago en curso o diplomados, cancelando 30 días calendario previos a la fecha de inicio (acumulable con otros descuentos).
10% egresados, afiliados a Cafam (válido para Colombia)
15% para grupos de 3 a 5 participantes en el mismo curso o diplomado.
20% para grupos de 6 personas en adelante, y en el tercer diplomado realizado consecutivamente.
Apertura y fecha de inicio: la apertura y la fecha de inicio del
programa dependerá del mínimo número de inscritos,
establecido por la Universidad.
Certificación: se otorgará certificación a quien haya
cumplido como mínimo con el 80% de las actividades
programadas en el aula.
Forma de pago: efectivo, cheque de gerencia, tarjeta de
crédito (recibimos todas las tarjetas, cuenta de cobro).
Válido para Colombia:
**Art. 92 Ley 30 de 1992 - Las Instituciones de
Educación Superior no son responsables del
I.V.A.
**Numeral 6 del Art. 476 Estatuto Tributario
(ET) - Servicios excluidos del impuesto sobre
las ventas.